En lo que va del año, son 2 las denuncias presentadas al Poder Judicial perpetradas por autoridades del Estado peruano.
Tmabién puedes ver: https://tpd0501-grupo4.ulima.pe/2025/05/18/dia-del-museo-tres-museos-historicos-del-centro-de-lima/
El pasado 13 de mayo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llevó a cabo la juramentación de los nuevos miembros del Consejo de Ministros en una ceremonia en el Palacio de Gobierno. Entre ellos, César Sandoval Pozo, que anteriormente perteneció a la bancada de Alianza para el Progreso (APP), juramentó como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones.
A unos minutos de terminar la ceremonia, el medio digital El Foco compartió en su cuenta de Instagram una publicación donde se acusa al ministro del MTC de tener una denuncia de violencia familiar desde el 2017. Este la habría agredido físicamente mediante patadas y puñetes.
Sin embargo, este no sería el primer caso en que un ministro u otra autoridad del Estado peruano es denunciado por violencia de género. Entre los poderes del Estado peruano, el Legislativo es el que cuenta con el mayor número de acusados por este tipo de denuncias. En la actualidad, muchas de estas no llegan a ser penalizadas por el Poder Judicial.
Violencia a nivel nacional
Hasta febrero del 2025, según un estudio por el Ministerio del Interior (MININTER), hay más de 11 denuncias de casos de violencia contra la mujer por 10 mil habitantes, duplicando el número de cifras que se obtuvo en el paso estudio del año 2023. La violencia psicológica acumula la mayor cantidad de casos con más de 30 mil hasta el momento.
El MININTER alertó que se espera el mayor números de denuncias este año, a diferencia de los últimos 5 años, donde en 2020 a raíz de la pandemia del COVID 19, los casos fueron en ascenso.
Además, se han presentado hasta ahora alrededor de 235 desapariciones a nivel nacional, siendo Lima la región con el mayor número de víctimas.
¿Cuáles son los políticos acusados por violencia de género?
Aparte del caso presentado por la actual esposa del ministro Sandoval Pozo, dentro del Poder Legislativo, existen otras denuncias dirigidas a varios miembros del Congreso de la República.
Freddy Díaz Monago, ex militante también del partido de Alianza para el Progreso (APP), fue acusado de cometer un acto de violencia sexual en estado de ebriedad contra una de las trabajadores en una oficina, ubicada en Centro de Lima en la madrugada del 27 de julio el año pasado. Según la Defensoría del Pueblo, el parlamentario habría aprovechado la poca presencia de otros trabajadores de la misma institución.
A raíz de su divulgación por distintos medios periodísticos, la misma institución denunció el acto solicitando la intervención del Poder Judicial y Ministerio Público. Ante esto, el partido del APP tomó la decisión de desvincularlo de su partido, negando cualquier respaldo a su favor. Hasta el momento, el caso sigue en la espera de una orden del Poder Judicial.
Otro de los parlamentarios acusados es el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, que a través de un intercambio de palabras con la congresista Patricia Chirinos, la atacó de manera verbal diciendo: “Solo falta que te violen”. Los colegas de la parlamentaria denunciaron el hecho exigiendo una penalización de sus funciones como congresista al miembro de la bancada de Perú Libre. A través de un documento redactado por la Defensoría del Pueblo, denunció la agresión verbal solicitando la presencia del Poder Judicial.
Como en el caso de Freddy Díaz, el congresista Bellido sigue a la espera de la procedencia de su denuncia, mientras que aún ejerce como congresista del Parlamento.
También puedes ver: https://tpd0501-grupo4.ulima.pe/2025/05/14/china-y-rusia-refuerzan-alianza-ante-presion-de-occidente/
Los juicios y sanciones
Marcela Huaita Alegre, docente de la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), comenta que en la actualidad no existe ningún impedimento para que un acusado o denunciado por violencia de género pueda ejercer algún cargo político.
“En los cargos de confianza se tiene un cuidado especial de personas que pueden no tener sentencias, pero tienen denuncias”, menciona la especialista.
Además, advierte que ante la presencia de estos parlamentarios y otras autoridades con ese tipo de historial judicial, se crea un retroceso a la lucha contra la violencia, generando bloqueos ante estos procesos judiciales.
“Hay un mensaje que en ámbito político es importante, y ese mensaje es cuánto es el compromiso de lucha contra la violencia que puede tener un gobierno”, advierte.
Ante la presencia de estos políticos representados como padres de la patria en los poderes del Estado, se espera que el Poder Judicial responda ante estos casos durante este año.
Deja una respuesta