La provincia de Pataz, en la región La Libertad, ha sido escenario de uno de los actos más violentos registrados en el Perú en los últimos años. El secuestro y posterior asesinato de trece trabajadores mineros, ocurrido entre el 2 y 4 de mayo de 2024, ha revelado la gravedad de la crisis de seguridad que afecta a zonas mineras del país, donde el crimen organizado, la minería ilegal y la débil presencia del Estado se entrelazan peligrosamente.
¿Cómo comenzaron los hechos?
El jueves 2 de mayo de 2024, la Compañía Minera Poderosa emitió un comunicado titulado “Inseguridad y violencia se agravan en Pataz con secuestro de mineros”, en el que informaba sobre el secuestro de varios trabajadores en una zona de difícil acceso. Según la empresa, un grupo armado ingresó a una zona minera de su operación en Pataz y raptó a varios colaboradores.
La empresa denunció que estos hechos son consecuencia del avance del crimen organizado, que se ha fortalecido en la provincia de Pataz debido a la expansión de la minería ilegal y la débil presencia del Estado. También exigió medidas urgentes para proteger la vida de los trabajadores y restablecer el orden en la zona.
Las víctimas
Las trece personas asesinadas eran trabajadores de empresas contratistas que prestaban servicios a Poderosa. La mayoría eran jóvenes provenientes de distintas regiones del país. Sus identidades fueron confirmadas a sus familias, y Poderosa informó que está brindando apoyo legal y psicológico a los deudos.
¿Quién es el presunto responsable?
Según declaraciones recogidas por medios nacionales, un compañero de las víctimas identificó al presunto cabecilla de la banda como un delincuente apodado “Cuchillo”. Este sujeto estaría vinculado a redes de minería ilegal y extorsión que operan en el distrito de Parcoy y otras zonas de la provincia de Pataz.
Las autoridades policiales han abierto una investigación para dar con el paradero de “Cuchillo” y desarticular la organización criminal que lideraría. Se presume que este grupo habría actuado en represalia por disputas territoriales o económicas relacionadas con el control de zonas auríferas.
Un caso que expone una crisis más amplia
Este crimen se suma a una tendencia alarmante de violencia en La Libertad. Según el Observatorio Nacional de Prospectiva de CEPLAN, esta región ha experimentado un fuerte incremento de actividades delictivas ligadas al crimen organizado, incluyendo extorsión, sicariato y minería ilegal.
Además, datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y reportes de la Policía Nacional del Perú indican que La Libertad se encuentra entre las regiones con más homicidios dolosos y denuncias de extorsión del país. En 2024, se han reportado miles de casos de extorsión, particularmente en Trujillo, Pataz y otras zonas mineras.
El aumento de la violencia ha llevado a sectores empresariales, sociales y políticos a exigir la declaración del estado de emergencia y una intervención multisectorial urgente en la región.
Reacción del Estado
Tras el hallazgo de los cuerpos, el Gobierno desplegó contingentes policiales y anunció el inicio de operativos en la zona. Sin embargo, la respuesta ha sido criticada por su demora y falta de contundencia, especialmente considerando que la presencia de mafias armadas en Pataz era un problema conocido desde hace tiempo.
El atentado en Pataz pone en evidencia el nivel de inseguridad que enfrentan muchas regiones del Perú, particularmente aquellas donde se cruzan intereses económicos, crimen organizado y ausencia del Estado. La masacre de trece trabajadores no solo debe ser investigada y sancionada con firmeza, sino también entendida como una advertencia urgente sobre la necesidad de una política integral de seguridad y control territorial.
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